Una demanda contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) apunta a que el propio Ministerio de Sanidad podría haber boicoteado el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros que puso en marcha para centralizar las compras de material sanitario contra la covid-19 y evitar las adjudicaciones a dedo entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021